Lo ocurrido el 7 de junio en Bogotá, cuando un criminal -menor de edad, ya capturado- disparó contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, es de suma gravedad. Al momento de escribir estas líneas, el país entero sigue pendiente del estado de salud del senador Uribe, quien está siendo atendido por un competente y preparado equipo médico, pero su estado sigue siendo crítico y de carácter reservado, según informaciones oficiales de la Fundación Santa Fe. Confiamos en su pronta y total recuperación.

Como lo habíamos afirmado en esta columna, lo que ha debido ser un trámite normal, respecto a una solicitud presidencial de concepto al Senado de la República, con miras a la convocatoria de una consulta popular, se convirtió en un innecesario conflicto entre las ramas del poder público, como si se hubiese tratado de algo prohibido o ilícito.

Se ha venido informando en redes que asesores de alguna campaña presidencial proponen acabar con derechos básicos como el salario mínimo, el pago de las horas extras y la seguridad social. Parece una inocentada, pero no estamos en diciembre sino en junio.

Es inconcebible que, en Colombia, a estas alturas y después de todas las denuncias, investigaciones administrativas y anuncios del Gobierno, continúe el drama de miles de personas -inclusive enfermos de alta gravedad, menores o personas de la tercera edad- en busca de los medicamentos que requieren.