Gracias a los adelantos de la tecnología de la información y las comunicaciones, se han incrementado ostensiblemente las posibilidades de relación entre las personas y las comunidades, independientemente de las fronteras y de las distancias. Una noticia, una fotografía, un audio o un video llegan de manera inmediata a millones de personas, como lo hemos visto en el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, en el conflicto entre Israel y Hamás, en audiencias judiciales, en procesos electorales, en actos políticos o en marchas de protesta como las que por estos días tienen lugar en las ciudades españolas.

El Estado -que no se reduce al Gobierno, como algunos piensan- es una organización política cuyas metas prioritarias -en especial si se define como Estado Social de Derecho- radican en la búsqueda y preservación de los intereses de toda la colectividad, en la garantía de los derechos y libertades de todas las personas y en la satisfacción de sus necesidades más sentidas y apremiantes. Es para eso que se ha constituido. Eso es lo que justifica su existencia, y es con esos propósitos que el titular de la soberanía ha ordenado y encauzado el poder político, la función pública y el régimen jurídico.

Las buenas prácticas legales son pasadas por alto a menudo, y el juego de las líneas borrosas se confunde con el ser “abogados estrategas”, lo que hace que como abogados críticos nos preguntemos qué debemos hacer al respecto, especialmente quienes estamos formando a una nueva generación.

La buena fe se presume y enlodar la reputación de una persona afirmando que consume sustancias psicoactivas, es algo lamentable y reprochable, más tratándose del presidente de los colombianos.