Lo ocurrido en Tierralta (Córdoba), cuando militares disfrazados de miembros de organizaciones subversivas amenazaron, ofendieron, maltrataron y retuvieron a habitantes de la población -incluidas mujeres y niños-, sin motivo alguno y para amedrentar, es algo que, por su gravedad, debe alertar al Gobierno Nacional, a la Fiscalía, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a todas las autoridades. Los acontecimientos -alarmantes según lo que se observa en los videos públicos y lo que narran los afectados- tienen que ser examinados, verificados e investigados en profundidad y oportunamente, en todos sus detalles y, sobre todo, en su origen. ¿Quién o quiénes están detrás de este delictivo comportamiento de miembros de la fuerza pública, que tienen por función exactamente la contraria: la defensa y protección de la ciudadanía?

En los días previos a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado militar en Chile de 1973, Estados Unidos ha decidido oficialmente desclasificar documentos mantenidos en reserva desde cinco decenios: véase nota de The Progressive Magazine y  nota de RFI del 9/09/2023. 

No sabemos si se trata de efectos secundarios de la pandemia, de haber seguido la polarización generada por el proceso de paz de 2016, de los actuales enfrentamientos entre Gobierno y oposición, del uso y abuso de los avances en la tecnología de las comunicaciones  o de un declive en la función educativa -tanto en el interior de las familias como en establecimientos que piensan más en consignar conocimientos que en la formación de la personalidad y el criterio del estudiante-, pero lo cierto es que vivimos una época muy difícil, de agresividad y violencia desbordadas en todas las clases sociales y en muchas actividades.