En lo que respecta a la función de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución -confiada a la Corte Constitucional-, con independencia de lo que ocurra en casos específicos -bien sea al decidir la Corte sobre demandas presentadas en ejercicio de la acción pública o en virtud del control oficioso-, es necesario preservar el postulado de la cosa juzgada. Tramitado el debido proceso -de conformidad con las reglas previstas en la Constitución y en la ley-, la sentencia proferida por la Sala Plena de esa corporación adquiere firmeza. Lo resuelto es inmodificable mientras permanezcan las normas constitucionales con las cuales se hizo el respectivo cotejo.

La Ley 1801 de 2016, que estableció el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, señaló como contrarios al cuidado e integridad del espacio público, los comportamientos consistentes en “consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de centros educativos; además al interior de centros deportivos, y en parques”. Igualmente, las conductas consistentes en “consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, incluso la dosis personal, en áreas o zonas del espacio público, tales como zonas históricas o declaradas de interés cultural, u otras establecidas por motivos de interés público, que sean definidas por el alcalde del municipio”.

"At the same time, the onslaught on Gaza by Israeli forces over these 100 days has unleashed wholesale destruction and levels of civilian killings at a rate that is unprecedented during my years as Secretary-General. The vast majority of those killed are women and children. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people. The humanitarian situation in Gaza is beyond words. Nowhere and no one is safe" 

Declaraciones (véase enlace) del Secretario General de  

Naciones Unidas, 15 de enero del 2024

Lo ocurrido en Guatemala, en donde casi no dejan posesionar al presidente elegido por el pueblo, Bernardo Arévalo de León, no fue otra cosa que un abierto y grave intento de golpe de Estado. Tras la elección, en agosto de 2023, el Tribunal Supremo Electoral había oficializado los resultados. Según lo informado entonces, el organismo competente hizo constar que el binomio presidencial del Partido Movimiento Semilla -candidatos a la presidencia y la vicepresidencia de la República, César Bernardo Arévalo De León y Karin Larisa Herrera Aguilar- había obtenido 2,442,718 votos, que representaba un 60% del total de votos válidos obtenidos en las urnas, sobre el 39% de votos obtenidos por el binomio del partido contrario, Unidad Nacional de la Esperanza.