En 1997, cuando las farc determinaron que el “traidor” EPL se convertía en un objetivo militar, el ejecutor de la matanza de los esperanzados fue Iván Márquez. Ahora y luego de que no se subordinará a él, Márquez ha declarado objetivo militar a Gentil Duarte y ya empezó asesinando a 5 en la frontera con Venezuela. Acompañan al profeta de la “Nueva Marquetalia”, alias Romaña, Andinever y el Paisa, sanguinarios narcoterroristas cuya única razón de ser es el paredón “revolucionario”. Esta sarracina se escenifica en el enclave geográfico que circunda La Macarena, entre Meta, Caquetá y Guaviare, rediseñada como retaguardia estratégica de las farc que intercomunica centros económicos y políticos vitales del país, incluyendo la comuna 20 al sur de Bogotá. Se repite la historia de 1960, ahora signada por un elemento vital, el narcotráfico, y se está ejecutando el plan de alias Felipe Rincón en los 90´s, remozado en el 2000, que busca un repoblamiento estratégico de esa región con campesinos traídos de otras partes del país.

Está muy bien que los medios de comunicación y los periodistas investiguen y denuncien ante la opinión pública los hechos constitutivos de delitos, corrupción, compra y venta de votos, manipulación de las elecciones, soborno, presencia de narcotraficantes en los procesos electorales, todo lo cual desvirtúa la legitimidad de los comicios y afecta gravemente a la democracia.

Lo que no está bien es que los órganos estatales competentes se abstengan de cumplir su función, que oculten o "engaveten" las denuncias, los procesos, las pruebas, y que los colombianos tengamos al periodismo como única fuente de información acerca de esas reprochables conductas, las cuales tienden a quedar impunes por falta de actividad de las autoridades.

Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la Constitución obliga a la Fiscalía - no le sugiere, ni lo deja a la libre elección, sino que la obliga- a iniciar los procesos penales cuando por cualquier medio tenga conocimiento acerca de la comisión de un delito, y ha de actuar de oficio si no existe denuncia. Lo propio, en cuanto a los aforados, corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la Corte Suprema de Justicia, en materia penal, y al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría, a la Procuraduría General y al Ministerio Público, a los gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal, en lo relativo a las materias que les atañen.

En estos asuntos, los órganos estatales no deben aplicar el lavado de manos , tan importante para los fines de evitar el contagio del Coronavirus. Deben operar de manera eficiente y oportuna, en vez de permanecer a la zaga de lo que averigüen e informen los periodistas y las redes sociales.

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