El 20 de julio -Día de la Independencia- debería ser celebrado por los colombianos con toda solemnidad y entusiasmo, exaltando y haciendo valer la soberanía popular, el imperio del Derecho, la libertad, la igualdad, la justicia, los derechos y los valores que fueron reivindicados hace doscientos diez años por el pueblo.

Cada día son más frecuentes en las redes sociales los videos de policías agredidos, vilipendiados o huyendo de catervas que blanden garrotes y machetes, cuando no tiroteando sin control. El apedreamiento de uniformados se ha convertido en la adrenalina favorita de jóvenes. Claro que a los soldados no les va mejor. A pesar de su letal Galil de dotación, les ponen machetes en el cuello, los sacan arriados de sus bases y los amenazan con que “A partir de las 72 horas, si los volvemos a ver, vamos a actuar de otra manera”, como les dijeron públicamente hace pocos días en Argelia, Cauca. Si regresan, a lo mejor los apalearán, les quitarán su armamento y los secuestrarán (retenciones sociales, le dicen ahora) o los volverán sacarán a empellones, en andas, como sucedió hace varios años en Toribio, Cauca. Recordamos el llanto del Sargento en camuflado, con casco de guerra y aferrado a su fusil, mientras sus subalternos retrocedían cabizbajos, humillados. El Cauca, precisamente, es un escenario favorito de esas defenestraciones, que demuestran el debilitamiento progresivo de la fuerza legal y legítima del Estado. Este departamento, es cercano a la frontera con el Ecuador, que le da base étnica transnacional; se abre al Pacifico, ruta preferencial del narcotráfico, base de su economía; ejerce su propia legislación con cepo, latigazos y fuetazos incluidos y mantiene aceitado su autónomo aparato de seguridad, a cargo de la Guardia campesina, una estructura paramilitar legalizada en la Habana y que, bajo la tutela de las farc, recluta niños desde los 7 años. En el Cauca se aísla y se secesiona el sur del país cuando lo ordenan las narcofarc y se impedirá a toda costa la fumigación de sus casi 20 mil hectáreas de cultivos ilícitos. Desde allí, muy probablemente empezará la previsible turbulencia social de la pospandemia.

La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 de 2020, a cuyo tenor, “…sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales…”.

Como es sabido, la Corte Constitucional ha declarado inexequible el artículo 12 del Decreto Legislativo 491 de 2020, expedido por el presidente de la República en ejercicio de las facultades excepcionales propias del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, por calamidad pública –ni más ni menos, la generada por la expansión del COVID-19. Según el precepto hallado inconstitucional, “…sin perjuicio de las disposiciones contenidas en las normas vigentes, los órganos, corporaciones, salas, juntas o consejos colegiados, de todas las ramas del poder público y en todos los órdenes territoriales, podrán realizar sesiones no presenciales…”.