En medio de la pandemia, somos peones de la guerra de la gran prensa tarifada y “Big Techs” con sicopoder incontrolable, en donde la verdad se fragmenta y refunde en macro y micro intereses económicos y políticos, y la razón se obnubila en el torbellino de la pasión ideológica. Pero otra realidad concreta, dura y preocupante ronda en estos albores del 2021.

Colombia es un Estado social de derecho. El respeto, la dignidad humana y el bienestar y la prosperidad general y la solidaridad, son elementos esenciales, que deben estar presentes en el actuar de todos los colombianos.

Por defender la democracia no se pueden cometer actos antidemocráticos. El caso Trump/Twitter-Facebook y demás, no es para aplaudir, así nos plazca.

Si en algo ha insistido la jurisprudencia constitucional, tanto la colombiana como la de otros países (España, por ejemplo), es en sostener que los derechos -inclusive los fundamentales- no son absolutos. Aplicando los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los tribunales constitucionales han sostenido que, para establecer hasta dónde llega un derecho en un caso concreto, es necesario hacer una valoración de las circunstancias y buscar un equilibrio, considerando la existencia y posible afectación de otros derechos y del interés general.