En el Estado de Derecho, gobernantes y gobernados están todos sujetos a lo previsto en la Constitución y las leyes. Hay unas reglas de juego puestas en vigencia por el Constituyente a nombre del pueblo y por órganos competentes, con miras a la realización de los valores que la sociedad profesa. A ellas, debida y oportunamente divulgadas y conocidas por el conglomerado, se someten tanto el ejercicio de la función pública como el comportamiento de los particulares. Su observancia garantiza la pacífica convivencia y la vigencia de un orden justo. 

La polarización en la coyuntura actual de Colombia no responde perse a una contrapostura clara y razonada, sino al uso de la comunicación como estrategia de presión social y política, que a la postre nos ha encaminado a repetir, guardando proporciones, la historia patria del frente nacional.

Vamos a tener que acostumbrarnos a distinguir entre la actividad política y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Una es la tarea de los políticos y otra muy diferente la de los jueces y magistrados. Ni los jueces deben resolver en los procesos con un criterio político, orientado a favorecer o a perjudicar a los partidos –bien en el campo penal, en el civil, en el familiar, en el económico, en el ideológico, en el electoral o en cualquier otro-, pues en tales casos podrían estar prevaricando, ni los políticos deben tener injerencia en los trámites de los procesos –salvo cuando, por conducto de sus abogados y en el terreno exclusivamente procesal, ello sea necesario siendo partes o terceros interesados-, y menos todavía pretender influir en los resultados de los procesos por la vía de la recomendación, la presión, la amenaza, el halago o las ilícitas ofertas económicas o burocráticas.

El conflicto colombiano, siempre incentivado por La Habana, disfrazado de ideológico, pero totalmente encuadrado dentro del Crimen Organizado Transnacional y recostado en la social bacanería, augura la disparada de un nuevo ciclo de violencia que ya se insinúa y que sería mucho más doloroso que los anteriores. Mayor responsable de este desastre, es un devaluado aparato de Justicia con magistrados corruptos y jueces politizados, que atizan la ira popular facilitando la fuga de un jefe narcofariano mientras encarcelan, con inocultable sabor a vindicta, a Uribe. En estos momentos de crisis económica, política, moral y social, vale la pena mirar a nuestra Fuerzas Militares y es buena referencia observar lo que sucede con los militares en Venezuela.