Hace 72 horas las farc ejecutaron un suboficial y tres soldados en el Catatumbo, frontera con Venezuela, mientras erradicaban matas de coca con el fusil al hombro y un regatón en la mano. En Jamundí, un oficial en retiro, en estado de indefensión, fue vilmente cosido a tiros por los bellacos de las farc. Y al otro lado de la frontera con el Ecuador, en Sucumbíos, el ejército del vecino país mostraba armamento y abundante material de guerra decomisados a las farc. Nada de esto nos debe sorprender pues repetidamente advertimos de un nuevo capítulo de violencia a partir de la suspensión de la aspersión aérea con glifosato de los cultivos ilícitos, en mayo del 2015. Tal suspensión fue la cuota inicial de Santos para obtener el beneplácito de la farc e iniciar el desastroso negociado que culminó en la Habana bajo la tutela de los Castro.  A este mal rumbo contribuyeron ONGs de izquierda disfrazadas de cientifismo y sus analistas de pacotilla, que se dedicaron, con el rótulo que les dio la gran prensa de “expertos”, a confundir y desviar la atención de la opinión pública y a alabar el proceso que tiene al país al borde del barranco. Claro, el gobierno de turno pagaba bien. Esos especialistas, que no distinguen el ánima de un fusil del ánima de Santa Elena, son en gran parte culpables de lo que se está empezando a vivir en Colombia.

El levantamiento de las restricciones impuestas durante la pandemia puede poner en peligro derechos humanos fundamentales, como el contemplado en el artículo 15 de la constitución política, “todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar…”.

La actividad de los moteles históricamente ha sido ejercida de forma clandestina por quienes acuden a estos lugares, lo hacen con un toque de discreción, en busca de un espacio íntimo para sostener relaciones sexuales.     El protocolo implementado para la reactivación de estos negocios, tan afectados con el cierre, exige un registro de la pareja, o de las personas que acuden al motel, lo que se puede considerar como una violación a la intimidad; ¿efectuar un registro de los clientes?, no es un secreto que un alto porcentaje de quienes acuden a los moteles, materializan en estos recintos la infidelidad, entonces ¿será conveniente que esta quede en algún registro?. 

Sin hablar del protocolo de toma de temperatura a quienes ingresan, para que perder el tiempo con esto, si quienes ingresan a un motel van calientes o en calor..!!!!  

La intimidad es un derecho humano fundamental que debe ser protegido por mandato constitucional, la infidelidad no es un delito, es una práctica cuestionada socialmente, y pecaminosa para la fe y la religión, moralmente  no aceptada, pero dadas las cosas podríamos asegurar que el cacho goza de protección y no debe quedar registrado en ninguna base de datos, “habeas cacho”.

Mediante providencia proferida el 31 de agosto del año en curso, por el juzgado décimo civil municipal de Cartagena, RAMIRO ELICEO FLOREZ TORRES, juez titular del despacho, rechazo solicitud de matrimonio civil deprecada por una pareja del mismo sexo. El operador judicial centró sus argumentos en su condición de cristiano decidiendo rechazar de plano la solicitud de la pareja.

Con independencia de si en segunda instancia se confirma, modifica o revoca la sentencia de tutela concedida el 1 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el sentido de ordenar la suspensión de cualquier actividad de la brigada militar de Estados Unidos que llegó a Colombia a comienzos de junio –en teoría para brindar asistencia y entrenamiento a nuestros soldados en la lucha contra el narcotráfico-, lo cierto es que, como dice el artículo 86 de la Constitución, todo fallo de tutela “será de inmediato cumplimiento”, sin perjuicio de su impugnación ante el juez competente y de su eventual revisión por la Corte Constitucional.