Es pertinente hacer referencia a algunos principios constitucionales que, al parecer, han sido olvidados por algunos de nuestros altos funcionarios: 

Es la alimentación la que nos informa del bienestar de la población. Si las clases más pobres y vulnerables ganan lo suficiente para costearse una alimentación básica, dicha sociedad puede preciarse de ser equitativa en lo esencial…

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Cuando el salario mínimo (SM) se ajusta por el índice general de inflación, que siempre es más bajo que la inflación de alimentos, son los más pobres, que viven al límite, los que terminan financiando la concentración de capital en las manos de los ricos.

El reajuste en Colombia del 10,07% del SM 2022, que en su momento fue cobrado políticamente por el gobierno como el más alto de la historia, en términos reales, no es como lo pintan para la clase obrera (hay que insistir en ello). En efecto, contrastado por la inflación de alimentos (17,23%), el resultado es un decrecimiento del ingreso real, es decir, una pérdida del poder adquisitivo de los más necesitados del 7,16%, la misma que tienen que compensar con recortes en la alimentación familiar. Son los que, en la cruda realidad, salen a trabajar, a estudiar o, simplemente, al rebusque, a veces sin desayunar y siempre sin comer lo suficiente.

Para mayor ignominia, algunos medios de prensa insinúan que el factor principal de esta inflación de alimentos se debió al Paro Nacional de abril/2021, o sea, en términos subliminales, culpa misma de las explosiones sociales contra la vida cara. Menos mal, el ponderado director del DANE, en la presentación oficial de la estadística, advierte que el elevado incremento del 17,23% en alimentos está explicado por el alza de productos importados o de los insumos necesarios para la producción nacional.

Más duro les toca a los pensionados de bajos ingresos – pero por encima del SM-- que solo reciben de incremento anual el IPC general. Esta fórmula, contrastada con el SM, les ha significado una pérdida, en términos de valor constante, del 26,52 de ingresos entre el año 2000 a la fecha, 21 años, los mismos en que han tenido que echarse al hombro buena parte de las obligaciones de los hijo(a)s mayores y nieto(a)s ante la precarización y flexibilización laboral en la era neoliberal,

Por supuesto, a menores salarios más alta rentabilidad empresarial. Es decir, buena parte de la prosperidad de los ricos viene dada por la injusticia social. Una medición econométrica entre la subvaloración salarial y la ganancia del capital en la cadena productiva, podría ser equivalente, y explicar, en buena medida, la concentración de la riqueza en la referenciada elite del 1%.

Más pérfida es la política de los subsidios condicionados a las familias de ingresos insuficientes, precisamente insuficientes porque les roban lo debido a su trabajo. A través de esos subsidios condicionados se extorsiona y controla electoralmente a la clase popular que termina, en el desespero por sobrevivir (resiliencia es el nuevo eufemismo), votando a los mismos con las mismas. Es el perverso círculo vicioso en el que gravita la descaecida democracia representativa, para bien de la oligarquía dominante.   

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Fin de folio.- El recrudecimiento de la violencia en la frontera colombo-venezolana es fruto directo de la “paz con legalidad” del gobierno Uribe/Duque. En la misma encrucijada va entrando el departamento de Nariño, en la frontera colombo-ecuatoriana.

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Cumplidos 30 años desde la promulgación de la Constitución Política, han sido primordialmente los medios académicos y editoriales los que han tenido a cargo, además de la celebración, el análisis y el balance sobre el desenvolvimiento de nuestro Derecho Constitucional en ese lapso. Numerosos foros y debates -virtuales y presenciales- se llevaron a cabo, con participación de juristas y politólogos de distintas tendencias ideológicas, y son varias las publicaciones mediante las cuales se ha ilustrado a las nuevas generaciones acerca de los antecedentes políticos, electorales y jurídicos del proceso que condujo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, no menos que sobre las múltiples reformas que se han introducido a la Carta, su desarrollo legislativo. jurisprudencial y doctrinal. 

El menguante gobierno colombiano viene contratando, como loco, una cascada de nuevas exploraciones petroleras; deja latentes instancias de explotación minera en zonas de conservación ambiental y por fuera de su agenda legislativa la ratificación del Acuerdo de Escazú.