Todo cambio conlleva crisis, cuando ni lo viejo termina de morir ni lo nuevo acaba por nacer. En ese interregno, el cambio puede naufragar al vaivén del escepticismo.

Uno de los argumentos más repetidos durante la campaña electoral que acaba de culminar consistió -por parte de sus contradictores- en atribuir al candidato Gustavo Petro, hoy ya elegido presidente de la República, el propósito de expropiar a todo el mundo. Algunos decían que las expropiaciones comenzarían el mismo 7 de agosto, día de su posesión. Sindicaban a Petro de querer aplicar en Colombia la arbitraria e ilegítima orden que, desde las calles de Caracas, impartía el expresidente Hugo Chávez: “! Exprópiese!”. 

El 13 de junio del 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptó una nueva ordenanza fijándole a Guyana un plazo para contestar argumentos presentados el 7 de junio por Venezuela (véase texto en francés y en inglés de la ordenanza).  

El artículo 40 de la Constitución establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y que, para hacer efectivo este derecho puede elegir y ser elegido, y tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.