Declara el artículo 334 de la Constitución que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual, por mandato de la ley, intervendrá -la norma es imperativa, luego no se trata de una sugerencia sino de una orden- en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados. 

Trabaja el Gobierno en la elaboración de un proyecto de ley con el objeto de ampliar el concepto de justicia restaurativa, que ya está previsto en nuestro ordenamiento jurídico. 

La Constitución Política de 1991 ha sido reformada más de cincuenta veces y lo sigue siendo. La legislatura que se reinicia el 16 de marzo tendrá a su consideración varias propuestas de acto legislativo -algunas ya avanzadas-, y se anuncian y preparan otros proyectos de modificación constitucional. Además, el Ejecutivo continuará en su política orientada a lograr la paz total, y no es extraño que, de los diálogos con las organizaciones armadas y de lo que se acuerde, surjan nuevos compromisos de reforma de la Constitución y las leyes, como ocurrió tras el proceso de paz adelantado durante la administración Santos. 

El legislador colombiano ha creado el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, organismo que -bajo la dirección de la vicepresidenta Francia Márquez- buscará desarrollar uno de los principales programas de gobierno del presidente Gustavo Petro: la indispensable y urgente lucha del Estado colombiano contra la desigualdad, en uno de los países más desiguales del mundo.