¿La líbido guerrera determina la agenda política de la negociación habanera? Para los terroristas, alienados con la doctrina marxista-leninista de la combinación de todas las formas de lucha, esa es su tara y su estrategia. Sin prisa, han diseñado una maniobra: “declaramos un cese unilateral, reducimos los ataques y bajan las estadísticas; atacamos de nuevo, si el Gobierno no replica pierde allá y acá y dondequiera que contraataque fabricamos desplazados, la gente se preocupará, nuestros amigos harán campaña, adentro y afuera, y nos vamos al cese bilateral. Mala suerte para los “camaradas” que deban caer, con tal de lograr nuestros objetivos”. Recordemos que el miedo es el instrumento favorito del estalinismo.

 

La demostración de fuerza de nuestros militares, ha sido un oportuno recuerdo a la jerarquía fariana que el Estado aún mantiene una superioridad letal sobre su mermada caterva, a menos que, gracias a las rutas del narcotráfico, a las conexiones en Cuba y al G2, adquiera el armamento antiaéreo que hace rato está buscando, pues el derribo de una aeronave militar le daría un giro a esta viciosa guerrita. La reacción de los narcoterroristas no debería ir más allá de lo conocido: sabotaje a la infraestructura, ataque a unidades militares o policiales mal comandadas, asesinato de civiles, especialmente en áreas fronterizas con Ecuador y Venezuela y de repente algún atentado terrorista en una ciudad capital. Así, las farc mostrarían (¿o disimularían?) sus capacidades armadas reales actuales, con las consecuencias que tal demostración traería en las negociaciones y en la opinión pública, algo que les importa un sieso. Con que logren el cese bilateral será suficiente por ahora, aunque en esta mortal apuesta puedan perder militar y políticamente. Al fin y al cabo, en La Habana están seguros y cómodos.

 

A su vez, nuestra Fuerza Pública tendrá que demostrar que a pesar de los oscuros movimientos del Gobierno, mantiene el dominio de la inteligencia humana y técnica, el espíritu de combate y la ofensiva, a contrapelo de un sistema judicial embalado en su contra y unos aparatos políticos parroquial e internacional enfocados en su desprestigio y debilitamiento.

 

Este escenario en desarrollo nos dará, después de tres años de incertidumbres santistas y de arrogancias terroristas, un panorama fresco de balance de fuerzas. Ojalá el gobierno de turno no se acobarde y caiga en la trampa de bajar la guardia. Porque la gerontocracia comunista no está dispuesta a volver al monte y seguirá planeando, sin afán, más y mejores celadas para el asalto político al poder del país que han depredado por 60 años.

 

Algún funcionario pidió “sensatez”, sensatez que les ha faltado a las farc para darnos a los colombianos una mínima muestra de credibilidad.

 

Publicado en: EL COLOMBIANO, Medellin.

El Congreso, de manera unánime -no se opuso ninguno de los partidos- aprobó la Ley 1732 del 1 de septiembre de 2014, por la cual se dispuso que en todos los establecimientos educativos del país -los de primaria, los de secundaria y las universidades- se programe y dicta la Cátedra de la Paz.

 

Mediante ella, como dice su artículo 1, se busca “garantizar la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia”.

 

Se trata –como también lo expresa la norma-  de crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.

 

La consagración de esta cátedra tiene por objeto dar cumplimiento al preámbulo y a los artículos 22 y 41 de la Constitución Política de 1991.

 

Según el preámbulo constitucional, la paz es uno de los valores fundamentales de nuestro ordenamiento, y ha de buscarse -como los otros valores superiores-  dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo.

 

 El artículo 22 de la Carta establece que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.  Y, como lo señaló la Corte Constitucional al interpretarlo (Sentencia T-102 del 10 de marzo de 1993. M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz), “la paz, en definitiva, no es otra cosa que el respeto efectivo de los derechos humanos”.

 

Por su parte, el artículo 41 de la Constitución establece:  “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución”.

 

A tales disposiciones debemos agregar lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución, a cuyo tenor “la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia”.

 

El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha procedido a dictar el correspondiente decreto reglamentario, y al hacerlo sintetizó los propósitos centrales de estas importantes normas: "Debemos fomentar desde nuestros colegios escenarios de convivencia, de armonía y de compañerismo e iniciar el proceso con nuestros niños y jóvenes porque en ellos está el futuro de nuestro país. Hoy damos un gran paso en la construcción de esa paz con la que todos soñamos, esa paz que no se está negociando en La Habana sino que debe nacer desde el interior de cada colombiano en su cotidianidad".

 

En realidad, estamos ante  una obligación a cargo del Estado y de los particulares, cuyo cumplimiento ha debido tener lugar mucho antes.

 

No cabe duda: el servicio que en esta materia le prestarán los establecimientos educativos de todos los niveles, en beneficio de toda la sociedad, es enorme. Es suficiente ver los noticieros de televisión, que a diario registran los casos de intolerancia y violencia, es suficiente para entender que la formación de los niños y jóvenes en la cultura de la paz es  indispensable.