Opinion (2373)

Como lo hemos dicho varias veces, somos partidarios del proceso de paz que se adelanta en La Habana, pero consideramos que el camino de la paz no nos debe conducir a la desinstitucionalización de la República, ni a la vulneración de la Carta Política -ni en su letra, ni en su espíritu-, ni al desconocimiento de los compromisos internacionales de Colombia en materia de Derechos Humanos.
 
Lo decimos porque, ignorando claras advertencias  de la jurisprudencia constitucional, se pretende perdonar, amnistiar o indultar a los autores de crímenes de lesa humanidad, de guerra cometidos de manera sistemática, o a los narcotraficantes.
 
 En el último aspecto mencionado, la tendencia oficial consiste -según se ha anunciado-  en declarar, mediante ley, que el narcotráfico  es un delito conexo con los delitos políticos –rebelión, sedición o asonada-. No demoran en proponer que también el secuestro -un crimen atroz, según la Corte Constitucional- sea también indultable o amnistiable, en cuanto conexo con los delitos políticos. Y ello porque el narcotráfico y el secuestro sirven a la guerrilla para financiar su actividad.
 
Con todo respeto, creemos que son propuestas equivocadas. El narcotráfico sí es delito conexo, pero no con el delito político sino con los peores crímenes cometidos en nuestro suelo contra la humanidad. Recuérdese la voladura de un  avión repleto de pasajeros entre Bogotá y Cali; las bombas de Pablo Escobar –quien se declaraba en guerra contra el Estado-; los asesinatos de Rodrigo Lara, Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez, Guillermo Cano y muchos otros.
 
La Constitución circunscribe las amnistías y los indultos al campo exclusivo de los delitos políticos. Aquéllos que se cometen contra el establecimiento, en busca de un ideal de justicia y con el propósito generoso y altruista  -sostenido por la ideología-  de instaurar un orden jurídico y político diferente al que predomina. Nada de eso se encuentra en el narcotráfico, ni en el secuestro, ni en los crímenes de lesa humanidad. 
 
La conexidad con el delito político corresponde a un concepto estricto de evidente vinculación, dentro del cual no cabe todo. Es un concepto excepcional y, por tanto, de interpretación restringida.

 

Así lo señaló la Corte Constitucional en la Sentencia C-456 de 1997 (Ms. Ps.: Drs. Jorge Arango Mejía y Eduardo Cifuentes Muñoz), en la cual, justamente con referencia a procesos de paz, también manifestó que al legislador corresponde determinar los delitos comunes conexos con los políticos, “y cuáles, por su ferocidad, barbarie, por ser delitos de lesa humanidad, no pueden serlo”. 
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El mensaje del Papa Francisco para Colombia, desde Cuba, ha sido muy claro. Expresado en términos sencillos y breves, pero precisos, fue un mensaje de aliento a favor de la paz, que todos los colombianos buscamos, tras muchos años de violencia y muerte.
 
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Las recientes violaciones del espacio aéreo fronterizo por aviones militares venezolanos, fueron denunciadas desestimando los frecuentes incidentes de este tipo que se han manejado por los gobiernos colombianos desde hace muchos años discretamente, casi con desdén.
 
La razón para esta alarma actual es el contexto político de ambos países. Los dos presidentes han logrado elevar en algo su imagen a tono con el escalamiento verbal sobre el cierre de las fronteras. Es un juego de riesgo calculado pero muy peligroso, pues en cualquier momento alguien puede toser fuerte y generar un zafarrancho. Para Venezuela, embarcarse en una guerra con Colombia sería su debacle, tanto en el entorno político internacional como en su desbaratada economía interna e implicaría una pérdida mayor del sustento político de base a la nomenclatura del PSUV. Para Colombia, sería un fracaso total y desvergonzado de su pobre política exterior.
 
Si bien la experiencia y espíritu de nuestros soldados sobrepasan con mucho los de los vecinos, Venezuela siempre ha tenido y tiene un mejor equipamiento militar naval, aéreo y terrestre. Al respecto, el exministro de Defensa venezolano, general Ochoa Antich ya ha manifestado sus dudas sobre la real situación operacional de la fuerzas militares chavistas, convertidas, de acuerdo a los designios de los Castro y a la estrategia del Foro de Sao Paulo, en una guardia pretoriana encargada de defender a perpetuidad el gobierno socialista. Mover tanques, misiles y tropas a la frontera, algo que ya sucedió en 2008, no es nada tácticamente fácil, a lo que hay que agregar que ahora son tanques rusos T-72 con operadores y comandantes sin experiencia: varios se hundieron en ríos fronterizos durante prácticas de entrenamiento. Recordemos que los aficionados hablan de guerra mientras los profesionales de logística y la logística es, precisamente, la gran falla del Estado venezolano. De este lado, los batallones de ingenieros de contramovilidad y de artillería antiaérea previstos por gobiernos anteriores se quedaron en proyectos, mientras nuestros barcos de guerra andan en el océano Índico protegiendo naves comerciales de piratas somalíes y nuestros k-fir se caen sin prisa pero sin pausa.
 
Si bien una guerra colombo-venezolana es improbable, un rifirrafe fronterizo no se puede descartar en el interés de mantener la tensión en el interior de cada país, distrayendo la ciudadanía de los aspectos vitales en desarrollo en ambas naciones: elecciones en diciembre en Venezuela y Acuerdos con las narcofarc en Colombia. Los intereses nacionales de Estados Unidos, que le compran más de 700 mil barriles diarios de petróleo a Venezuela, podrían ayudar a definir el asunto, con consecuencias políticas para toda la región. Colombia esperaría que el tío Sam esté de su parte aunque, recordemos, los pragmáticos gringos tienen intereses antes que amigos.
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