El Congreso acaba de recobrar, al menos en parte, facultades suyas a las cuales había renunciado inconstitucional e inexplicablemente.

Como el Acuerdo de Paz se incorporó al bloque de constitucionalidad, y el Congreso ha venido aprobando, con gran rapidez –vía “Fast track”- y sin deliberación ni estudio, toda una cascada de reformas constitucionales y de leyes, sin que los colombianos hayamos tenido oportunidad de estudiar y discutir los proyectos, ni de evaluar en toda su dimensión las reformas introducidas, y como además la última palabra la tiene siempre la famosa Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz, lo cierto es que en este momento existen nubes grises que impiden establecer con claridad cuáles normas de la Constitución de 1991 están vigentes y cuáles no, o cuáles han sido adicionadas  o condicionadas por todas esas disposiciones y “micos” que vienen siendo pasados sin debate.