Ha confirmado el Presidente Santos que los cuerpos de los periodistas ecuatorianos asesinados por las disidencias de las Farc están en territorio colombiano y que, por tanto, el crimen se cometió en Colombia, si bien el secuestro tuvo lugar en territorio ecuatoriano. Esperamos que, con la participación de la Cruz Roja y de la Iglesia Católica, sean localizados y llevados los cadáveres a su tierra, al lado de sus familias y de sus conciudadanos, para que reciban cristiana sepultura. 

Cuando las palabras van contra los hechos, viendo todo el mundo cuáles son los hechos -que por naturaleza  son tozudos-, se tiene lo que llamamos contraevidencia, y ella, precisamente por causa de la discrepancia -porque las palabras no tienen tanto poder como para desaparecer los hechos-,   se devuelve contra quien las pronuncia.

Como varias veces lo expresamos, en desarrollo del Acuerdo Final de Paz suscrito el 24 de noviembre de 2016 y por la vía del denominado “Fast track”,  fueron expedidas demasiadas normas -muchas de ellas confusas y hasta contradictorias-, con gran precipitud y sin mayor estudio, por culpa de la consigna que impuso el Gobierno al Congreso –y que éste se dejó imponer-, según la cual todo cuanto se propusiera debería ser aprobado sin debate, pues no aprobar significaba “ser enemigo de la paz”. El propio Acuerdo, extenso y farragoso,  no es un modelo de claridad, y por tanto las interpretaciones en casos concretos van a ser muchas. Quizá eso buscaron sus redactores. Y algunas sentencias de la Corte Constitucional no han sido especialmente clarificadoras.