En un Estado democrático, quienes ejercen el poder deben actuar únicamente dentro de los precisos límites señalados a sus funciones y atribuciones, con sujeción a las normas constitucionales y legales correspondientes y con responsabilidad.

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En un sistema democrático el servicio público está orientado al interés general, no al individual de quien lo presta. El poder de los funcionarios -en especial los de mayor rango- es limitado, está sujeto a reglas y controles e implica responsabilidades.

La reorganización del sistema penitenciario colombiano no da más espera. Las cárceles no pueden seguir siendo oficinas del crimen, desde donde se ordenan extorsiones y amenazas. ¿De qué sirve capturar a un delincuente si desde su celda puede seguir aterrorizando a una familia?

Santiago Cadavid y Andrés Charria analizan lo ocurrido entre los jugadores Jesús de Miguel y Jesús Owono que terminó con el fallecimiento del primero. Todo desde el Derecho Deportivo. Agradecimiento especial al doctor Francisco Bernate por su participación. Recuerde encontrar nuestros audios en Spotify, Ivoox, Apple Podcast y nuestra página web www.lavozdelderecho.com

El colombiano es un Estado Social de Derecho, democrático y garantista, que proclama el respeto a los derechos humanos y procura la realización de un orden justo e igualitario.

La coherencia -que implica correspondencia lógica entre los distintos componentes de algo- es elemento fundamental en todos los ámbitos, especialmente en el pensamiento, en el comportamiento y la actividad individual y en el seno de toda comunidad o grupo humano. Fundada en la razón, resulta indispensable en la palabra, en el discurso, en la prédica religiosa, en la política, en la enseñanza, en la legislación, en las decisiones administrativas o judiciales.

Los servidores públicos -inclusive los de más alto rango- están sometidos a los preceptos constitucionales y a las leyes. Es lo propio de una democracia y de un Estado Social de Derecho. Por ello, el artículo 122 de la Constitución estipula: “Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. En el caso del presidente de la República, el juramento que debe prestar ante el Congreso -al tomar posesión del cargo- se encuentra señalado textual y literalmente en la norma constitucional: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia" (Artículo 192).

La función pública, en un Estado democrático, no está al servicio de los intereses particulares, familiares ni políticos de quienes la ejercen. Está al servicio del pueblo -titular de la soberanía- y del bien general, dentro de las reglas establecidas en la Constitución y en las leyes.

Un estatuto antiterrorista debe ser prioridad para Colombia. Tras décadas de terror, narcotráfico y violencia, el país no puede resignarse a convivir con quienes destruyen vidas, desplazan comunidades y someten a la sociedad con las armas. ¿Hasta cuándo pagará la gente honrada la factura de quienes viven del miedo?